Por la convocatoria a una

Asamblea Nacional Constituyente

La Constitución Política del Estado no representa la voluntad soberana

del pueblo chileno. Fue impuesta en 1980 para legitimar una dictadura

que violó los derechos humanos y enriqueció a un puñado de

empresarios que, mediante espurias privatizaciones, se apoderaron de

la mayor parte del patrimonio público forjado con el trabajo y ahorro de

generaciones de chilenos.

La Constitución actual ampara a los poderes fácticos que ayer se

sirvieron de la tiranía y que hoy gozan de ocultos e irritantes

privilegios, ejerciendo un control decisivo sobre la economía, las

instituciones políticas y los medios de comunicación. No sólo es

ilegítima en su origen. Es, además, antidemocrática, porque privilegia

la renta y el lucro por sobre la dignidad humana, deja los principales

resortes del poder económico y jurídico fuera del alcance y control de

la ciudadanía y establece obstáculos insalvables para su modificación.

Representa, en definitiva, la continuidad jurídica de la dictadura e

impide el establecimiento de un régimen verdaderamente democrático.

Todas y cada una de las frustraciones, dolores y angustias que

afectan gravemente la subsistencia y el bienestar de la gran mayoría

de los chilenos, derivan de un modelo económico e institucional que,

amparado en la Constitución de 1980, favorece la concentración

monopólica de la propiedad y agudiza la injusticia social. Así, el capital

extranjero ha llegado a controlar la mayor parte del cobre, los recursos

hídricos, el sistema previsional, la energía, el sistema bancario y las

telecomunicaciones, sangrando, a perpetuidad, el esfuerzo del trabajo

nacional.

La inestabilidad y la precariedad del empleo, la deficiente atención en

salud, educación y vivienda, la gravísima destrucción del ecosistema,

el deterioro de la calidad de vida en nuestras ciudades, la impunidad

que beneficia a muchos civiles y militares responsables de graves

crímenes contra la humanidad, la discriminación y el desconocimiento

de los derechos de los pueblos originarios, la corrupción y el

clientelismo presentes en el aparato público, la crisis del transporte

urbano y la escandalosa y creciente desigualdad entre ricos y pobres,

son resultado de un modelo económico e institucional que se ampara

en el Decreto Ley Nº 3464, dictado bajo Estado de Sitio por la Junta

Militar y denominado "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO". Las

reformas parciales aprobadas en el plebiscito de 1989 y por el

Parlamento, desde 1990, han dejado intacta su naturaleza plutocrática

y autoritaria.

Porque nos asiste la convicción de que la mayoría de los chilenos,

más allá de sus diferencias ideológicas o valóricas, rechaza la

constitución pinochetista, hemos decidido iniciar un proceso de

consulta y organización ciudadana para exigir la convocatoria a una

Asamblea Nacional Constituyente encargada de elaborar una nueva

Carta Fundamental, que restablezca los grandes avances

democráticos que Chile alcanzó en el siglo veinte, que haga efectivas

las libertades y derechos proclamados en las heroicas jornadas de

lucha contra la dictadura y que restituya la soberanía nacional a

manos de su único titular: el pueblo de Chile.

Deberemos afrontar enormes obstáculos que opondrán quienes se

obstinan en mantener sus mezquinos privilegios, a saber: la oligarquía

y el autoritarismo de viejo cuño que han sido capaces de cooptar a

dirigentes políticos que, en el pasado, criticaron a la dictadura pero

que actúan ahora como administradores de su nefasta herencia.

Para conservar la vieja institucionalidad, las elites privilegiadas

fomentan la apatía ciudadana y desalientan todo signo de cohesión y

solidaridad en la base social. Baste decir que actualmente existen

poco más de 3 millones de ciudadanos que no participan en los

procesos electorales, ya sea por no inscripción, abstención, o porque

al rechazar las alternativas que se presentan votan nulo o blanco. Esta

cifra que representa el 30.5% del padrón electoral potencial, constituye

el doble de la que no votó validamente en la elección de 1989 (15,4%).

LLAMAMIENTO

El rumbo actual del país compromete gravemente el futuro de las

jóvenes generaciones y nos conduce inexorablemente a la pérdida de

independencia, libertad y dignidad. Chile, con su colosal riqueza, y la

vocación republicana de su pueblo se encuentra en condiciones de

proveer, con creces, la satisfacción de las necesidades materiales,

culturales y espirituales de toda su población. Para que ello sea una

realidad, no podemos soslayar los temas institucionales.

No hay razones para resignarse y permitir que nuestro país

permanezca, por tiempo indefinido, bajo la tutela del capital foráneo y

los poderes fácticos locales.

Apelamos, por ello, a todas las reservas morales de la nación, a todos

los trabajadores, hombres y mujeres, que a diario viven en la

incertidumbre de su frágil subsistencia, a todos los empresarios

hastiados de los privilegios que se otorgan al capital extranjero, a

todos los jóvenes que culminan agobiadoras jornadas de estudio con

un título de cesantes, a los sectores religiosos que constatan la falta

de escrúpulos y de valores de quienes amasan fortunas atropellando

la dignidad y los derechos ciudadanos; a los adultos mayores, que tras

una vida laboriosa son condenados a la pobreza por las AFP que se

apropian de sus ahorros previsionales con fines especulativos; a lo

mejor de la intelectualidad, a nuestra comunidad científica y

académica, a nuestros artistas y gestores culturales, a los pueblos

originarios, a todos los sectores que sufren discriminación de clase o

de género, para que sean parte activa en esta gran fuerza social y

política que demanda un orden social e institucional en armonía con

nuestro desarrollo histórico y cultural, abierto al conocimiento y a las

nuevas tendencias que se plantean la defensa de la especie humana

ante el peligro de una nueva catástrofe ecológica de impacto mundial.

Factor fundamental para el éxito de esta tarea es la superación

constructiva del sectarismo, el mesianismo y el dogmatismo, vicios

que –paradojalmente- sirven a la mantención del status quo, porque

contribuyen a neutralizar la fuerza de la mayoría ciudadana inspirada

en ideales superiores de soberanía, dignidad y libertad. En el umbral

del bicentenario de la República la unidad del pueblo hará posible

poner fin a la vergonzosa vigencia de una Constitución esencialmente

antidemocrática.

Nuestro objetivo no admite postergaciones ni ambigüedades: generar

un gran movimiento ciudadano que exija la convocatoria a una

Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución Política

del Estado en la que se garanticen los derechos humanos,

económicos y sociales, restableciendo la soberanía nacional a manos

del pueblo de Chile.

Llamamos a todos los chilenos y chilenas –donde sea que se

encuentren- para que, desde ahora mismo, suscriban este

llamamiento, generen instancias de unidad para esta lucha,

promuevan debates y emprendan múltiples iniciativas tales como

plebiscitos en comunas, sindicatos y organizaciones sociales, foros y

charlas en agrupaciones estudiantiles, campesinas, poblacionales,

colegios profesionales, etc., en las que se demostrará  el mayoritario

apoyo de los chilenos a una nueva Carta Fundamental.

Sobre la base de estas experiencias y otras que surjan desde la base

social invitamos a los electores a utilizar la próxima elección para

manifestar su voluntad de contar con  una Constitución Democrática.,

mediante un signo previamente convenido, sin perjuicio de su

preferencia por un determinado candidato. Una marca de esta

naturaleza no anula el voto, pues la ley electoral Nº 18.700 dispone

que “Serán nulas y no se escrutarán las cédulas en que aparezca

marcada más de una preferencia”. Además, en la Cartilla de

Instrucciones del Servicio Electoral 2005, página 21 Nº 5.1.6 se

dispone que “También se escrutarán como válidas las cédulas en

que se haya señalado una sola preferencia, pero que la Mesa estime

“OBJETADAS”, (marcadas), por tener, además de la preferencia,

rayas, palabras, firmas, dibujos, etc.”.

De esta forma, paso a paso, se irá configurando una gran fuerza

unitaria que represente la aspiración colectiva de quienes amamos a

Chile y nos sentimos parte de un pueblo que, recogiendo las lecciones

de la historia, asume la construcción de su propio destino,

entrañablemente hermanado con el de los pueblos latinoamericanos y

con la paz y la solidaridad en todo el planeta.

Aprobado por Aclamación en el Primer Encuentro por la Asamblea

Constituyente. Santiago, junio de 2007.